Ley de "desajuste cubano"

Desde el propio nacimiento de la Ley de Ajuste Cubano en el año 1966, que privilegia a quienes tocan territorio estadounidense de forma ilegal sin ser apresados por las autoridades en el intento, los habitantes de la Mayor de las Antillas interesados en entrar en el peligroso juego devienen mercancía de mucho valor.

Cada persona debe entregar a los traficantes una suma que ronda los diez mil dólares a cambio de ser trasladada por mar, aire o tierra hasta algún punto de las costas norteamericanas, donde luego de acogerse a la referida disposición reciben beneficios negados, incluso, a aquellos que emigran de forma legal y, sobre todo, al resto de los habitantes del planeta.

La Ley permite obtener de forma inmediata y automática permiso de trabajo, prescindir de la prestación de una declaración jurada de manutención (AFFIDAVIT OF SUPPORT) para recibir su residencia legal, obtener un número de seguridad social, beneficios públicos de alimentación y alojamiento, ajustar su situación migratoria sin necesidad de ir a su país de origen a recibirla –como ocurre con solicitantes de otras nacionalidades–, sin necesitar abogados, ni incurrir en gastos para obtener la residencia permanente.

La obvia contradicción es el resultado del viejo diferendo político basado en el deseo de la Casa Blanca de desestabilizar a la sociedad cubana y, principalmente, distorsionar la imagen del país en el exterior.

Por lo tanto, el continuo contrabando humano que se organiza en los EE.UU. con la colaboración de ciudadanos radicados en naciones como México no solo pone en bandeja de plata jugosas ganancias, sino que también contribuye a ofrecer una panorámica irreal sobre la nación caribeña, donde cualquiera pudiera interpretar los hechos como muestras de desespero social por abandonar la Isla.

Como resultado más visible del tráfico de hombres, mujeres y niños por el Estrecho de la Florida están las cifras de desaparecidos y de otros que son abandonados en cayos de la región haciéndoles creer que llegaron al suelo prometido y que serán recogidos más tarde; sin embargo, luego todos mueren.

También hay suficientes testimonios de horribles travesías, donde los contrabandistas obligan a la gente a lanzarse al mar para aligerar la carga de las lanchas, sin interesarles la suerte que correrán los elegidos.

Cuba, al igual que el resto de los países, tiene el derecho de proteger su integridad y velar por su soberanía nacional. Se trata de un principio inalienable que está dispuesta a defender por preservar la estabilidad de su pueblo, algo que debe quedar claro para los que viven de la mercadería humana.